Presentan propuesta de reforma a la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción en la Cámara de Diputados
- cpcsinaloa
- hace 6 días
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Culiacán, Sinaloa, 21 de enero de 2026.- El pasado lunes 19 de enero de 2025 se llevó a cabo, en la H. Cámara de Diputados de la Ciudad de México, la presentación de la propuesta de Reforma a la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción (SNA), presentada por la presidenta del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Nacional Anticorrupción, Vania Pérez Morales, y el diputado federal Alfonso Ramírez Cuéllar, presidente de la Comisión de Transparencia y Anticorrupción.
Por parte del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Estatal y Municipal Anticorrupción de Sinaloa, asistieron Lucía Mimiaga León, presidenta del CPC Sinaloa, y Raquel Zapién Osuna, integrante del Comité, quienes participaron activamente con propuestas orientadas a fortalecer el enfoque territorial y la efectividad del Sistema Nacional Anticorrupción.
El planteamiento parte del reconocimiento de la necesidad de fortalecer al Sistema Nacional Anticorrupción como una instancia eficaz de coordinación entre autoridades de los tres órdenes de gobierno, con el objetivo de mejorar la prevención, detección y sanción de faltas administrativas y hechos de corrupción, así como la fiscalización y el control de los recursos públicos.
Entre los principales ejes de la propuesta se encuentra el rediseño de la Política Nacional Anticorrupción como una política de Estado, con metas claras, indicadores medibles y mecanismos de evaluación periódica; el fortalecimiento del Comité de Participación Ciudadana, dotándolo de mayor legitimidad, continuidad y capacidad de incidencia; y la consolidación del Comité Coordinador mediante atribuciones vinculantes y mecanismos efectivos de seguimiento y sanción.
Asimismo, se plantea el fortalecimiento de la Plataforma Digital Nacional como herramienta central de inteligencia anticorrupción, la incorporación de un enfoque de derechos humanos e igualdad sustantiva, el robustecimiento de los mecanismos de denuncia ciudadana y la recuperación de activos derivados de actos de corrupción, así como la ampliación de la participación ciudadana en el diseño, implementación y evaluación de la política anticorrupción.
