Con las reformas a nivel nacional que han ocurrido, nuevos retos confluyen en la lucha por el acceso a una justicia
En el marco de la Semana Anticorrupción 2024, el Comité de Participación Ciudadana de Sinaloa (CPC) en coordinación con el Sistema Estatal y Municipal Anticorrupción propició un conversatorio virtual para dialogar sobre los retos y propuestas actuales con el fin de alcanzar el acceso a la justicia abierta en México. Este contó con la participación de Adriana Aguilar, oficial de proyectos del área legal de Equis Justicia, Janet Aguirre, presidenta del CPC de Quintana Roo, y Fernanda Galicia, fundadora de Mexiro A.C.
La justicia abierta busca impulsar instituciones confiables y democráticas a través de la transparencia, rendición de cuentas y espacios de participación ciudadana. De acuerdo con Adriana Aguilar, es “un modelo de gobernanza que busca centrar la justicia en las necesidades de las personas, entendiendo y practicando el involucramiento activo de la sociedad, tanto en la estructura como en el funcionamiento de las instituciones”.
Partiendo de la premisa de que la corrupción y la impunidad obstaculizan el acceso al derecho a la justicia, y de que en la actualidad hay una gran brecha entre las instituciones y la ciudadanía, lo que se busca es impulsar los principios de transparencia, participación ciudadana, colaboración y co-creación activa.
El objetivo de la Semana Anticorrupción y el conversatorio llevado a cabo el miércoles 11 de diciembre fue promover la cultura de la transparencia, gobierno abierto y la capacitación para el fortalecimiento institucional en el combate a la corrupción, especialmente en contextos relacionados con la defensa de los derechos humanos, expresó la comisionada del CPC, Lucía Mimiaga.
El evento digital contó con la presencia de los integrantes del CPC de Sinaloa, la Secretaría Ejecutiva de Sinaloa, personas servidoras públicas del Tribunal de Justicia Administrativa, Fiscalía General de Sinaloa, Fiscalía Especializada Anticorrupción, así como Órganos Internos de Control, Comisión Estatal de Derechos Humanos, entre otros integrantes de Comités de Participación Ciudadana a nivel nacional.
Ejes de atención
La justicia abierta involucra a todo el ecosistema de instituciones, el cual se conforma por las entidades procuradoras e impartidoras de justicia, así como por las organizaciones que tutelan los derechos humanos y el núcleo social y ciudadano, explicó Janet Aguirre, Presidenta del CPC de Quintana Roo, uno de los estados líderes en esta agenda nacional.
Aguirre presentó cinco grandes ejes ideados junto a la organización World Justice Project que responden a las causas que generan opacidad y verticalismo de la justicia, y que deben ser atendidas:
1. Urgencia de una revisión exhaustiva de los marcos normativos.
2. Publicidad y accesibilidad de los procesos y resultados.
3. Atención a la justicia digital para hacer más rápidos y eficaces los procesos.
4. Necesidad de incidencia, es decir, de creación de espacios y mecanismos para que la sociedad pueda opinar.
5. Presupuestos abiertos y sujetos al escrutinio público.
Más información puede ser consultada en el documento de Política de Justicia Abierta del Estado de Quintana Roo.
Retos en el marco de la reforma judicial
Por su parte, Fernanda Galicia añadió que "ya no se puede hablar de justicia abierta como hace 10 años porque México está bajo otras condiciones ahora", refiriéndose a la crisis que se vive en el sistema de justicia y en temas de derechos humanos. "La justicia abierta se complejiza cuando hay una cooptación del Poder Judicial y no hay contrapesos".
Sobre los retos que se enfrentarán en el marco de la reforma al Poder Judicial, aprobada en septiembre de 2024 y con la que se contempla la elección de las personas juzgadoras, las tres ponentes señalaron como problemática la brecha informativa existente, pues la ciudadanía no conoce qué hacen los poderes judiciales ni las funciones que desempeñan cada uno de los cargos que serán votados
Aguilar apunta que si bien la democratización de la justicia sí está fuertemente alineada a los principios de la justicia abierta, el voto no garantiza necesariamente cercanía y confianza hacia las instituciones. Resultados de la Encuesta de Calidad e Impacto Gubernamental del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) en 2023 demostraron que menos de la mitad de la ciudadanía confía en las personas juezas y magistradas y que, además, 7 de cada 10 piensan que estas son corruptas.
Finalmente, el concepto de justicia abierta está en constante construcción y cambio conforme a los contextos y pluralidad de justicias. Por ejemplo, explicó que desde Equis Justicia se busca impulsar una justicia abierta feminista que deje la visión individualista del acceso a la misma, para lo que es necesario romper con las estructuras tradicionales, jerárquicas y excluyentes del sistema judicial actual y dar paso a un sistema que escuche, recopile y trabaje a partir de las necesidades individuales, colectivas y de los pueblos.
También es algo que va más allá del análisis del Poder Judicial y que también involucra a otras entidades como a las fiscalías.
El evento fue organizado por los Comités de Participación Ciudadana de Quintana Roo y Sinaloa, en alianza con la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal y Municipal Anticorrupción de Sinaloa y contó con la presencia de integrantes de las Redes Ciudadanas Anticorrupción de ambos estados, sí como personas servidoras públicas.
La transmisión en vivo se publicó en Facebook Live del CPC: https://www.facebook.com/watch/?v=543952181796329
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