Periodismo y acceso a la información: retos y oportunidades en el cierre de “Diálogos por el Derecho a Saber”

·       Periodistas y especialistas reflexionaron sobre el papel del acceso a la información en el ejercicio del periodismo y la rendición de cuentas.

·       El tercer panel de la serie abordó los desafíos actuales para investigar, documentar y comunicar información pública.

·       La iniciativa forma parte de una agenda impulsada por el CPC Sinaloa para incidir en la armonización de la ley estatal de transparencia ante la reforma federal y la desaparición de organismos como el INAI y la CEAIP.

Culiacán, Sinaloa.- Con la participación de periodistas y especialistas en comunicación, este jueves se llevó a cabo el tercer y último encuentro de la serie “Diálogos por el Derecho a Saber”, titulado “Periodismo y Acceso a la Información; Retos y Oportunidades”, en el Auditorio del Jardín Botánico de Culiacán.

Este encuentro se enmarca en una serie de diálogos impulsados por el CPC Sinaloa como parte de sus iniciativas para impulsar la armonización de la legislación estatal en materia de transparencia, ante el nuevo contexto derivado de la reforma federal y la desaparición de organismos garantes autónomos como el INAI, o la CEAIP a nivel estatal.

Con el objetivo de abrir la discusión pública y promover la participación ciudadana en la construcción de una nueva ley, este jueves su tercer y último panel reunió a Jesús Bustamante, presidente de la Asociación de Periodistas 7 de Junio; Adrián López, director de Noroeste; y a América Armenta y Scarlett Nordahl, periodistas de investigación.

Con la moderación de Lucía Mimiaga León y Raquel Zapien Osuna, presidenta e integrante del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Estatal Anticorrupción de Sinaloa, respectivamente, durante el evento se analizaron los principales retos que enfrenta el periodismo en el uso del derecho de acceso a la información, así como las oportunidades que este representa para fortalecer la investigación periodística, la transparencia y la rendición de cuentas.

Periodismo y el derecho a saber

Durante el diálogo, las y los panelistas coincidieron en que el acceso a la información ha sido una herramienta clave para documentar problemáticas públicas, evidenciar irregularidades y generar impactos concretos en la vida social.

En ese sentido, Lucía Mimiaga León advirtió sobre la falta de claridad en el proceso legislativo local, al indicar que a casi un año de haber presentado iniciativas ciudadanas ante el congreso de Sinaloa, aun no se conoce una propuesta de este poder al respecto.

“No conocemos la propuesta en Sinaloa casi un año después de haber presentado iniciativas ciudadanas, y eso es lamentable porque estamos hablando de transparencia”, señaló.

En un mensaje en video previo al inicio del panel, la periodista Miriam Ramírez enfatizó el papel histórico de este derecho en el ejercicio periodístico, al indicar que “cada vez es más común que las instituciones públicas busquen como retrasar o negar la información pública”, lo que significa que muchas historias y casos relevantes se queden en silencio.

“La respuesta debe ser contundente, más y mejor periodismo (…) Sin acceso a la información no solo pierde el periodismo, perdemos todos”, afirmó.

Impactos concretos

Durante el panel se compartieron diversas investigaciones construidas a partir del acceso a la información pública.

La periodista Scarlett Nordahl expuso un caso relacionado con la compra de despensas por parte de dependencias estatales por más de 100 millones de pesos de productos encarecidos y de mala calidad. “Apoyos que no llegaban adecuadamente a personas desplazadas (…) A mí me hubiera gustado que se abriera una investigación”, señaló.

Sin embargo, el caso derivó en la salida de la funcionaria.

Por su parte, América Armenta relató investigaciones sobre delitos ambientales vinculados a laboratorios clandestinos, reportaje que incluyó decenas de solicitudes de información que permitieron documentar la magnitud del problema y que derivó en la creación de una mesa interinstitucional para atender estos delitos.

Además de encontrar que el 85 por ciento de los narcolaboratorios asegurados a nivel nacional se han encontrado en el municipio sinaloense de Cosalá.

“Nos dimos cuenta de los retos que tenemos para obtener la información y hacer este tipo de trabajos. Fue estar correteando a las dependencias”.

En tanto, Jesús Bustamante compartió la experiencia de documentar víctimas colaterales de la violencia en Sinaloa donde las instituciones ni siquiera reconocían el número de víctimas documentadas en sus propios boletines.

“Había en ese momento más de 150 víctimas colaterales, pero las autoridades a través de las solicitudes ni siquiera las reconocían como víctimas”, dijo. El impacto, añadió, ha sido el tener una idea de la magnitud y una conciencia del tamaño del proceso violento que actualmente vive Sinaloa.

En este nuevo escenario, donde las funciones de acceso a la información recaerán en estructuras internas del propio gobierno, especialistas advirtieron sobre los riesgos de debilitamiento en los mecanismos de control y vigilancia ciudadana.

Retos y oportunidades

Las y los panelistas coincidieron en que el principal reto es enfrentar un modelo en el que el gobierno podría convertirse en juez y parte en la gestión de la información pública.

Scarlett Nordahl señaló prácticas institucionales que dificultan el ejercicio del derecho como el retrasar los tiempos de respuesta e incluso información que se ha ido bajando de la Plataforma Nacional de Transparencia (PNT).

Por su parte, América Armenta destacó el uso de barreras burocráticas y legales, y mencionó el contante uso de argumentos como ‘seguridad nacional’ o ‘paz social’ para negarla.

En la misma línea, Jesús Bustamante describió estrategias que complican el acceso a datos útiles como el entregar la información en fotocopias, en links largos que deben ser tecleados a mano o incluso con textos ilegibles.

A nivel estructural, Adrián López subrayó la incertidumbre del nuevo modelo y que, ante esto, habrá necesidad de que los periodistas refuercen el trabajo de campo y el salir al encuentro con la ciudadanía.

“El sistema anterior no era perfecto, pero había un ente que resolvía la opacidad. Hoy no sabemos cómo va a funcionar en la práctica (…) además, la solicitud de información no cuenta toda la historia, da pistas. Después hay que salir a reportear”, afirmó.

Por último, y previo a una nutrida ronda de preguntas y respuestas, Lucía Mimiaga León subrayó la necesidad de mantener abiertos los espacios de diálogo para conseguir un sistema de trasparencia fortalecido en Sinaloa.

“Se vienen retos importantes y complicados para el estado en la defensa de la libertad de expresión y la necesaria rendición de cuentas”, concluyó.

Una herramienta democrática

Este tercer encuentro formó parte de la serie “Diálogos por el Derecho a Saber”, un espacio impulsado por el Comité de Participación Ciudadana del Sistema Estatal Anticorrupción como parte de sus iniciativas para la armonización de la ley estatal de transparencia, ante la reforma federal y la desaparición de organismos como el INAI y la CEAIP.

El primer panel, “Defensa Ambiental y Acceso a la Información”, abordó los riesgos de la falta de transparencia en temas ambientales, destacando su impacto en el territorio, la salud y la vida de las personas.

El segundo encuentro, “Acceso a la Información para la Vida Cotidiana; Casos Prácticos”, presentó experiencias concretas donde el ejercicio de este derecho permitió resolver problemáticas sociales, evidenciar irregularidades y fortalecer la participación ciudadana.

Con este tercer panel concluyó la serie de eventos que buscó generar un espacio de diálogo entre ciudadanía, especialistas y autoridades en torno a los retos de la armonización de la nueva Ley General de Transparencia en Sinaloa.

Esto, con el objetivo de que el nuevo aparato institucional que apruebe el Congreso de Sinaloa no solo garantice la transparencia y acceso a la información, sino que sea mejor y más útil que en el pasado.

En este contexto, desde el CPC se reiteró la necesidad de que la armonización de la ley estatal no represente un retroceso, sino que garantice mecanismos efectivos, autónomos y accesibles para el ejercicio del derecho a saber.