Denunciantes y alertadores de corrupción deben ser protegidos por las Fiscalías

La Presidenta del Sistema Anticorrupción de Sinaloa fue invitada a la presentación del protocolo base para su implementación en los estados  

Ciudad de México. Con el fin de que en Sinaloa se implemente el modelo de protección de personas denunciantes de corrupción y por ende se comience a generar un fortalecimiento institucional para lograr una mayor confianza en la denuncia sobre estos delitos, la Presidenta del Comité Coordinador del Sistema Estatal y Municipal Anticorrupción de Sinaloa, Lucía Mimiaga León, asistió al evento de presentación del “Protocolo para la atención y protección de personas denunciantes y alertadoras de probables actos de corrupción”. 

El pasado 22 de enero, la Dra. Vania Pérez, Presidenta del CPC Nacional y Comité Coordinador Nacional, presentó un instrumento trabajado durante tres años junto con la Fiscal Anticorrupción Federal, María de la Luz Mijangos, sociedad civil, así como fiscalías anticorrupción del país.

En el encuentro, la Dra. Vania Pérez expresó: “Queremos convertir a las personas alertadoras en redes tempranas de prevención de la corrupción en México”.

Por su parte, la Fiscal Anticorrupción, Mijangos, se comprometió con su implementación, señalando: “Es un protocolo que se tiene que convertir en Ley pero más que eso lo importante es el compromiso“.

De acuerdo con el Plan de Trabajo 2025-2026, el CPC Sinaloa se comprometió por su parte a impulsar mecanismos para facilitar e Incentivar la Denuncia de Actos de Corrupción, Protección a Denunciantes y Testigos, alineados con la propuesta del CPC Nacional, expresó la Presidenta Lucía Mimiaga.

El protocolo fue presentado ante las Fiscalías Anticorrupción del país, así como representantes de organizaciones de la sociedad civil; podrá ser adoptado a nivel estatal para lo cual se garantizó que habrá apoyo técnico de expertos en la materia a nivel nacional e internacional.

Entre los puntos que considera el instrumento se encuentran:

 1. Recepción segura de denuncias o alertas

2. Identificación temprana del riesgo

3. Evaluación técnica sobre probabilidad de represalias

4. Implementación de medidas de protección proporcionales

Los participantes de las diversas mesas resaltaron que el modelo constituye un esfuerzo histórico para fortalecer la integridad pública, facilitar la denuncia segura de actos de corrupción y promover investigaciones más sólidas contra redes criminales que afectan la seguridad, gobernabilidad e instituciones de México.