Sin transparencia ambiental, se construyen vulnerabilidades: expertos en "Diálogos por el Derecho a Saber"

●      Lucía Mimiaga, presidenta del CPC, recordó que desde el organismo se promueven dos iniciativas para la actualización de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información, al considerar el derecho a saber una herramienta clave para combatir la corrupción en todos los sectores, incluyendo el ambiental.

●      Con auditorio lleno dan inicio "Diálogos por el Derecho a Saber" en Culiacán; invitan a próximas sesiones los jueves 12 y 19 de marzo.

●      Autoridades, ciudadanos y activistas, expertos en medio ambiente y acceso a la información dialogaron en torno a los retos de la nueva legislación en materia de transparencia.

Culiacán, Sinaloa.- Con una amplia asistencia en el Auditorio COBAES del Parque Temático, se llevó a cabo el primer encuentro de la serie “Diálogos por el Derecho a Saber”, un espacio de reflexión pública donde especialistas analizaron los desafíos del acceso a la información en materia ambiental y de transparencia, así como su relación con problemas a la salud, la seguridad y la vida de las personas.

Bajo la moderación de Raquel Zapién Osuna, miembro del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Estatal Anticorrupción, el primer panel "Defensa Ambiental y Acceso a la Información" dio voz a ciudadanos que, desde puestos públicos, organismos autónomos u organizaciones de la sociedad civil, pusieron sobre la mesa una advertencia clara: la falta de transparencia ambiental pone en riesgo la salud, la seguridad y la vida de las personas en Sinaloa.

Durante el panel, Zapién Osuna destacó que el acceso a la información es un derecho fundamental para fortalecer la rendición de cuentas, especialmente en ámbitos sensibles como el ambiental, donde las decisiones públicas tienen impactos directos en el territorio y en la calidad de vida de las personas.

“En la medida en que no haya transparencia, se seguirán otorgando permisos donde no se debe, en zonas de riesgo o en espacios donde los ecosistemas deberían estar protegidos. Eso significa que estamos construyendo vulnerabilidades”, señaló.

Asimismo, adelantó que desde el Comité de Participación Ciudadana impulsa una agenda anticorrupción para el desarrollo sostenible, que busca promover esquemas de transparencia proactiva, particularmente en municipios con fuerte presión inmobiliaria, como Mazatlán, donde la falta de cumplimiento de la reglamentación ambiental incrementa vulnerabilidades sociales y ecológicas.

Desde el Distrito Federal, Olimpia Castillo Blanco, promotora del Acuerdo de Escazú (un tratado internacional que garantiza el acceso a la información, la participación pública y la justicia en asuntos ambientales en América Latina y el Caribe), subrayó que el acceso a la información ambiental es clave para que las comunidades comprendan los riesgos en los que viven y puedan participar en las decisiones que afectan su entorno.

Explicó que la ciudadanía necesita conocer las condiciones de riesgo ambiental, como la vulnerabilidad ante huracanes, inundaciones o los efectos del cambio climático, así como la ubicación de desarrollos urbanos en zonas de riesgo o ecosistemas transformados.

También destacó la importancia de contar con información clara sobre el estado de los ecosistemas y los usos que se están dando a los recursos naturales, ya que estos elementos permiten anticipar impactos y tomar decisiones informadas ante proyectos o contingencias ambientales.

“Las personas necesitan saber cómo actuar ante una crisis, qué precauciones tomar y cuáles son los riesgos que enfrentan. Estamos hablando del cuidado de la vida humana para las generaciones presentes y futuras”, expresó.

Por su parte, Gissell López González, miembro de la asociación civil Guaiacum, advirtió que el proceso de homologación de la nueva Ley de Transparencia podría tener consecuencias directas en la participación ciudadana y en la gestión ambiental.

De acuerdo con la especialista, si el nuevo esquema de transparencia no logra ser funcional, podrían presentarse respuestas tardías o incompletas a solicitudes de información, así como mayores dificultades para acceder a mecanismos de revisión.

Esto, explicó, puede tener consecuencias en el territorio, ya que la falta de información oportuna dificulta la vigilancia ciudadana y el monitoreo de proyectos con impacto ambiental.

“Al final esa cadena termina reflejándose en proyectos autorizados sin suficiente escrutinio público, cuyos impactos se terminan manifestando en la vida cotidiana de las comunidades”, señaló.

En este sentido, la comisionada de la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública (CEAIP Sinaloa), Liliana Margarita Campuzano Vega, explicó que el proceso de armonización de la legislación estatal en materia de transparencia representa una oportunidad para fortalecer el derecho de acceso a la información.

Indicó que actualmente aún no se han emitido las nuevas leyes estatales, por lo que existe margen para escuchar a los distintos sectores interesados y recuperar experiencias previas que han contribuido al fortalecimiento de este derecho.

Entre los principales desafíos mencionó la necesidad de avanzar hacia esquemas de datos abiertos y un modelo de Estado abierto, aprovechando las tecnologías digitales para facilitar el acceso a la información pública.

“Estamos en la era digital y debemos aprovechar las herramientas tecnológicas para que la información sea accesible, útil y contribuya a una mayor participación ciudadana”, señaló.

Por su parte, el Lic. Rigoberto Arriaga, Director de Medio Ambiente de la Secretaría de Bienestar y Desarrollo Sustentable (SEBIDES), destacó que el acceso a la información también es fundamental para fortalecer la gestión pública en materia ambiental y mejorar la coordinación entre autoridades y ciudadanía. Señaló que contar con información pública clara y accesible permite dar seguimiento a las políticas ambientales, fortalecer la planeación territorial y generar mayor confianza en las instituciones responsables del cuidado del medio ambiente.

Asimismo, subrayó que la transparencia contribuye a que los procesos de toma de decisiones en materia ambiental sean más abiertos y participativos, lo que favorece una mejor evaluación de los impactos de proyectos y políticas públicas en el territorio.

Que se escuchen las voces ciudadanas: Lucía Mimiaga

Durante su mensaje de bienvenida, Lucía Mimiaga, presidenta del CPC, recordó que desde el organismo se promueven dos iniciativas para la actualización de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información, al considerar el derecho a saber una herramienta clave para combatir la corrupción. Al respecto, Mimiaga enfatizó la urgencia de que este proceso sea genuino.

También añadió que, desde el CPC, se ha propuesto formalmente a la Secretaría de Transparencia y Rendición de Cuentas la instalación de mesas de trabajo para realizar un análisis y redacción conjunta de la armonización de la ley. El objetivo es que la propuesta que el Ejecutivo envíe al Legislativo no sea unilateral, sino que refleje las redes y alianzas ciudadanas.

"Pedimos a las autoridades evitar cualquier simulación a la participación ciudadana en este contexto; es un deber ético y democrático promover los mecanismos necesarios para seguir en el diálogo y la construcción colectiva de una legislación de avanzada", dijo.

"Esperamos fortalecer un diálogo público que no debe cerrarse ni simularse, para construir el Sinaloa abierto y cercano a las necesidades de la sociedad que todas y todos queremos", concluyó.

Por su parte, la secretaria de Transparencia y Rendición de Cuentas, Sandra Guadalupe Angulo Cázarez, expresó que el acceso a la información, el fortalecimiento de la transparencia y la rendición de cuentas, así como el impulso de la participación ciudadana en la toma de decisiones, son piezas clave para hacer frente a los desafíos ambientales.

“Si contamos con información precisa y oportuna podremos accionar de manera informada y concreta”, señaló.

Mencionó que eventos como este permite identificar las fortalezas y áreas de oportunidad de las instituciones, ampliar sus capacidades e incentivar la coordinación para generar compromisos claros que consoliden el derecho a saber y el derecho a vivir en un medio ambiente sano.

Finalmente, manifestó que por parte del gobierno estatal existe la disposición de escuchar, dialogar y trabajar de la mano con la sociedad en materia de transparencia.

Próximos eventos

Cabe destacar que este panel fue el primero de una serie de tres eventos que se llevarán a cabo durante los próximos días en Culiacán con el objetivo de abrir el diálogo sobre los nuevos retos que debe atender la armonización de la nueva Ley de Transparencia en Sinaloa.

Jueves 12 de marzo (11:00 h): "Acceso a la Información para la Vida Cotidiana; Casos Prácticos". Sede: Magno Auditorio del Parque Temático, Culiacán. Panelistas: Mayra Peñuelas, Samuel Bonilla, Jorge Guzmán y Sheila Arias.

Jueves 19 de marzo (10:00 h): "Periodismo y Acceso a la Información; Retos y Oportunidades". Sede: Auditorio del Jardín Botánico, Culiacán. Panelistas: Jesús Bustamante, Adrián López, América Armenta y Scarlett Nordahl.