Columna escrita por la Comisionada Rosa Elvira Jacobo, publicada en la Revista Espejo el día 9 de agosto del 2024.
Para combatir el tema de la corrupción en México después de muchas exigencias de grupos sociales y tomando en consideración la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción y la Convención Interamericana contra la Corrupción de la Organización de los Estados Americanos, en 2015 se realiza una reforma integral al artículo 113 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para dar inicio a un Sistema Nacional Anticorrupción.
De tal forma que para las entidades federativas se generó la obligación de conformar sistemas locales anticorrupción. Posteriormente se crea en el año 2017 el Sistema Estatal y Municipal Anticorrupción en Sinaloa, dichos sistemas se han encargado de vincular trabajos y agendas de diversos entes de los órdenes de gobierno relacionados con hechos de corrupción, faltas administrativas, fiscalización y control de recursos públicos, sumando la participación de la sociedad a través de un órgano al que se le nombró Comité de Participación Ciudadana.
El sistema local conecta a la fecha a seis instituciones gubernamentales y un órgano ciudadano, y se nombró con un solo fin: trabajar coordinadamente para alcanzar el mismo objetivo de combatir la corrupción de manera sistémica e integral, un problema que sin duda requiere de tiempo y trabajo constante para erradicar.
La pregunta que quizá muchas personas se hacen es: ¿En cuánto tiempo se consolida un sistema o específicamente un sistema anticorrupción o cuánto tiempo tiene que transcurrir para contar con un avance real? la respuesta es, que no existe un periodo exacto para ello, ya que depende de muchos factores, como la efectiva coordinación, compromiso y participación de todos sus integrantes, así como un puntual seguimiento e implementación de la política anticorrupción, sin olvidar la participación de la sociedad en general, lo que puede transcurrir en un largo periodo para llegar a obtener cambios positivos en el tema de corrupción; sin embargo, debemos subrayar que el compromiso del Comité Coordinador del Sistema Estatal Anticorrupción en Sinaloa a corto plazo se cumplirá en 2026, con acciones específicas enmarcadas en la Política Estatal y el Programa de Implementación, las cuales estamos llevando a cabo de manera intensa.
Recientemente las instancias que integramos el Comité Coordinador del Sistema presentamos nuestro Sexto Informe de Labores, donde se enmarcan las actividades que se están llevando a cabo, destacando la “consolidación institucional del aparato rector en materia anticorrupción”.
A la fecha, han transcurrido nueve años a nivel nacional y siete años a nivel local en Sinaloa desde la creación de los sistemas anticorrupción, en donde diversos informes internos, así como estudios externos como el Índice de Estado de Derecho en México, muestran avances y acciones positivas.
Es importante señalar que desde que se creó el Sistema Estatal y Municipal Anticorrupción de Sinaloa, se han realizado acciones como: la expedición y reformas a la Constitución local, emisión de leyes secundarias, lineamientos y reglamentos internos, censos, encuestas, foros para involucrar y escuchar a distintos sectores de la sociedad, asegurar la coordinación de acciones de todos los entes públicos e instancias que integran el sistema, así como desarrollar la Política Estatal Anticorrupción, y la aprobación del Programa de Implementación de la Política, estas dos últimas acciones acordadas a nivel nacional en el 2020 y 2022 y a nivel local en los años 2020 y 2023 respectivamente; asimismo, aprobándose además una serie de indicadores nacionales para medir todos estos avances de la política anticorrupción.
Lo que significa que después de un exhaustivo trabajo de coordinación y desarrollo, se está iniciando su implementación, siendo el estado de Sinaloa, uno de los primeros en trabajar la política y acordar su implementación; asimismo somos una de las entidades que cuenta con la representación y participación de cada ente que conforma el Comité Coordinador del Sistema; además tenemos el nombramiento de la titularidad de la Secretaría técnica; se logró la conformación del Comité de selección, y hace un mes teníamos un Comité de Participación Ciudadana integrado al cien por ciento. Sobre el último punto, estamos en espera de que próximamente se lance la convocatoria por la comisión de selección para que se nombre al quinto integrante y vuelva a estar completo en su totalidad.
Actualmente, quienes conformamos el CPC de Sinaloa venimos de diversos organismos de la sociedad civil, somos personas comprometidas cuyo único objetivo y compromiso es trabajar para que avance y funcione el sistema, incidiendo en la disminución de la corrupción en el estado, desafío que no sabemos con detalle cómo se continuará avanzando o cumpliendo por el nuevo gobierno y orden nacional, que impactará a su vez en la administración pública estatal y municipal; sin embargo, mientras esto sucede, trabajaremos incansablemente para que el estado de Sinaloa siga siendo de los primeros en concretar su implementación.
Lo escrito con anterioridad surge al analizar el panorama actual del Sistema Nacional Anticorrupción, tomando en consideración primero, el Dictamen emitido por la Comisión de puntos constitucionales de la cámara de diputados de la LXV legislatura, el pasado mes de abril del presente año 2024, que contiene entre otras propuestas, la desaparición del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), institución con más de dos décadas al servicio de los ciudadanos para acceder a la información pública, lo cual podría venir a desequilibrar el actual Sistema Nacional Anticorrupción, del cual forma parte y que a su vez derivará en cambios a nivel local con los organismos de acceso a la información pública; asimismo, conocemos la propuesta “Plan Anticorrupción” presentada por la reciente Presidenta electa, Claudia Sheinbaum, quien en su periodo de campaña propuso entre otras acciones, la creación de una Agencia Federal Anticorrupción, con amplias funciones de investigación, persecución y sanción de responsabilidades administrativas de servidores públicos y particulares.
Rescato también lo expresado el 31 de marzo del presente año por Javier Corral Jurado en su cuenta personal X (@Javier_Corral), “que se preparó dicha propuesta integral a Claudia Sheinbaum, para garantizar al pueblo de México, dos derechos humanos fundamentales, el derecho humano a una buena administración pública y el derecho humano a un ambiente libre de corrupción…”, y que para él “desde hace muchos años el problema de la corrupción es el problema estructural de México, la corrupción envilece y la corrupción le quita a las personas oportunidades y a muchos les arrebata sus sueños”.
Esto nos hace concluir que, al iniciar el nuevo gobierno nacional sin duda se llevarán a cabo cambios relevantes en materia de la Política Anticorrupción en México. El Comité de Participación Ciudadana podría continuar como representante y/o vínculo con la sociedad ya que no han mencionado, ni dejan claro en ninguna propuesta la forma en que seguirá aportando y participando dicho Comité en las acciones anticorrupción, quizá podría ser un procedimiento legislativo que pudiera llegar a corto o mediano plazo.
En tanto, seguimos avanzando, trabajando y participando en la implementación de la Política Estatal y Municipal Anticorrupción en Sinaloa, con un fuerte compromiso social con el cual llegamos y con los siguientes desafíos prioritarios:
Continuar trabajando en la consolidación, unión y fortalecimiento de quienes integran el Sistema Estatal y Municipal Anticorrupción de Sinaloa.
Continuar sumando a la Red Ciudadana Anticorrupción la participación de más ciudadanos sinaloenses, interesados en trabajar en el combate a la corrupción.
Dar puntual y eficaz seguimiento al Programa de Implementación de la Política Estatal Anticorrupción en Sinaloa.
Seguir proponiendo y trabajando diversas acciones de prevención en combate a la corrupción e integridad, con niñas, niños, adolescentes y jóvenes.
Elaborar y dar seguimiento a una agenda con el sector empresarial, educativo y social.
Contar con un mayor acercamiento y seguimientos de acciones ahora con los nuevos gobiernos y órganos municipales.
Llegar a ser un estado que pueda contar con el derecho de vivir en un ambiente libre de corrupción.
Continuar con la agenda anticorrupción de desarrollo sostenible en Sinaloa.
Continuar impulsando la agenda anticorrupción con perspectiva de género y enfoque en los derechos humanos.
twitter @cpcsinaloa
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