El acceso a la información también transforma la vida cotidiana: continúan los “Diálogos por el Derecho a Saber” en Culiacán

• Especialistas analizaron cómo el derecho a la información puede convertirse en una herramienta útil para resolver problemas cotidianos y fortalecer la participación ciudadana.

• El segundo panel de la serie abordó casos prácticos sobre el uso de herramientas de transparencia en la vida diaria.

• La iniciativa forma parte de un ciclo de encuentros impulsados por el CPC Sinaloa para reflexionar sobre los retos del nuevo marco legal en materia de acceso a la información.

Culiacán, Sinaloa.- Con la participación de especialistas, funcionarios públicos y representantes de la sociedad civil, este jueves se llevó a cabo el segundo encuentro de la serie “Diálogos por el Derecho a Saber”, titulado “Acceso a la Información para la Vida Cotidiana; Casos Prácticos”, en el Magno Auditorio del Parque Temático de Culiacán.

Durante el evento, y bajo la moderación de Lucía Mimiaga León, presidenta del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Estatal Anticorrupción, los panelistas Mayra Peñuelas Acuña, Samuel Bonilla Núñez, Jorge Guzmán Morales y Sheila Arias, analizaron distintas experiencias sobre cómo las herramientas de acceso a la información pueden ser utilizadas por la ciudadanía para conocer decisiones públicas, exigir rendición de cuentas y atender problemas concretos que afectan su vida cotidiana.

El acceso a la información impacta la vida de las personas

Durante su intervención, Samuel Bonilla Núñez compartió diversos casos en los que el uso del derecho de acceso a la información permitió resolver problemas concretos en distintos ámbitos de la vida social.

Entre ellos, el capacitador y promotor del Derecho de Acceso a la Información Pública, mencionó experiencias en las que ciudadanos lograron mejorar servicios públicos, obtener apoyos o corregir decisiones institucionales. Destacó casos como el de un representante vecinal que consiguió el abastecimiento de agua potable para su colonia, un joven que logró que un hospital público mejorara la calidad del material médico para atender a recién nacidos, o una persona con discapacidad que accedió finalmente al apoyo económico al que tenía derecho.

También relató casos en los que este derecho permitió a una madre recuperar la custodia de sus hijos, a una familia acceder a evidencia médica para emprender una demanda de indemnización, o a un grupo de mujeres indígenas obtener recursos para desarrollar huertos comunitarios que beneficiaron a cientos de familias durante la pandemia de COVID-19.

“El caso de mayor impacto social que he conocido fue el de un periodista que logró que siempre estuviera disponible un avión para transportar órganos humanos para trasplantes. Todo eso es gracias al derecho de acceso a la información pública”, señaló.

Bonilla también advirtió que existen múltiples obstáculos que dificultan el ejercicio de este derecho. Entre ellos mencionó barreras cognitivas, como el desconocimiento de que este derecho existe, dificultades para comprender la información obtenida, la falta de recursos técnicos o económicos para realizar solicitudes, así como factores psicológicos como la falta de motivación derivada del desconocimiento sobre su utilidad.

Transparencia para vigilar el uso de recursos públicos

Otro de los casos presentados durante el panel fue el expuesto por el ciudadano Jorge Guzmán Morales, quien relató cómo, a través de solicitudes de información, integrantes de la organización de fútbol americano de Sinaloa detectaron irregularidades en apoyos otorgados a este deporte en la entidad. 

Según explicó, al investigar los recursos destinados a este deporte identificaron que desde el Instituto Sinaloense del Deporte se habrían presentado solicitudes con firmas falsificadas para simular la entrega de apoyos económicos.

“Detectamos que se habían registrado apoyos por 70 mil pesos cuando en realidad solo se habían entregado 2 mil”, señaló.

A partir de la investigación y del acompañamiento de medios de comunicación, el caso permitió visibilizar la situación del financiamiento deportivo en la entidad. Como resultado, en 2024 se entregaron 250 uniformes completos para niños que practican fútbol americano. Sin embargo, los culpables de este delito no han sido castigados.

“Hagan uso de este derecho. Cuando nosotros nos activamos como ciudadanos se logran cosas muy importantes”, expresó.

Investigación ciudadana y rendición de cuentas

Por su parte, Sheila Arias compartió la experiencia del Observatorio Ciudadano Mazatlán en la investigación sobre el contrato de luminarias en ese municipio.

A través del análisis de información pública, explicó, el observatorio detectó un patrón en contratos previos adjudicados de manera directa a un mismo proveedor antes de un contrato posterior por alrededor de 400 millones de pesos.

“Gracias al cruce de información pudimos encontrar ese patrón”, explicó.

La investigación permitió colocar el tema en la agenda pública, generó debate sobre el uso de recursos municipales y derivó en acciones institucionales de seguimiento. Además, señaló que el caso contribuyó a que el gobierno municipal implementara micrositios de transparencia para informar sobre contratos de luminarias y otras obras públicas.

Sin embargo, Arias también advirtió que el ejercicio de este derecho puede implicar riesgos. Relató que, tras hacer pública información sobre un nuevo desarrollo que podría afectar un sitio Ramsar, recibió amenazas.

“A ese riesgo se llega por preguntar, por ejercer este derecho”, señaló.

Entre los principales obstáculos identificados por organizaciones civiles mencionó respuestas incompletas a solicitudes de información, retrasos en los plazos de entrega, reservas injustificadas de información, plataformas digitales complejas de utilizar y limitaciones técnicas dentro de las propias unidades de transparencia.

La visión institucional de la transparencia

Desde el ámbito gubernamental, Mayra Peñuelas Acuña destacó que la transparencia no debe entenderse únicamente como una obligación legal, sino como un compromiso institucional con la ciudadanía.

“Estamos convencidos de que la transparencia no es solo una obligación legal, sino un compromiso ético”, afirmó.

Señaló que durante 2025 se han registrado 3 mil 381 solicitudes de información en Sinaloa, y destacó que la Secretaría de Transparencia trabaja en la generación de datos abiertos y en el monitoreo permanente de la Plataforma Nacional de Transparencia.

También resaltó la participación ciudadana en la supervisión de obras públicas a través de alrededor de comités ciudadanos, integrados por habitantes que dan seguimiento a proyectos de infraestructura y reportan irregularidades cuando detectan fallas en su ejecución.

El reto de la nueva legislación de transparencia

Durante el diálogo también se discutieron los desafíos que plantea la armonización de la legislación estatal con la nueva Ley General de Transparencia.

Al respecto, la presidenta del CPC Sinaloa, Lucía Mimiaga León, señaló la importancia de garantizar que este proceso mantenga las condiciones necesarias para que la ciudadanía pueda ejercer su derecho de acceso a la información.

Advirtió además que este proceso ocurre en un contexto complejo para el estado, marcado por preocupaciones en materia de seguridad y derechos humanos.

En la parte final del encuentro, los panelistas coincidieron en la importancia de fortalecer el uso social del derecho a la información.

Samuel Bonilla subrayó que promover su ejercicio debería ser una prioridad institucional, ya que puede contribuir a resolver múltiples necesidades sociales.

“No hacerlo tiene un costo social muy alto”, afirmó.

Por su parte, Jorge Guzmán Morales señaló que el reto para las instituciones será mantener y fortalecer las capacidades que durante años desarrollaron los organismos garantes de transparencia.

Mientras tanto, Sheila Arias planteó la necesidad de mejorar los formatos en que se publica la información pública.

“Necesitamos datos abiertos y mejores formatos. Ya no necesitamos PDFs ilegibles o copias de copias. Estamos en otro momento”, expresó.

El encuentro concluyó con un reconocimiento a las personas participantes y a quienes han impulsado estos espacios de diálogo público.

Contexto: el derecho a saber y sus implicaciones públicas

Este segundo encuentro forma parte de la serie “Diálogos por el Derecho a Saber”, un espacio impulsado por el Comité de Participación Ciudadana del Sistema Estatal Anticorrupción con el objetivo de abrir el debate público sobre la importancia del acceso a la información en la vida democrática.

El primer panel de la serie, titulado “Defensa Ambiental y Acceso a la Información”, reunió a especialistas que analizaron los riesgos que puede generar la falta de transparencia en temas ambientales.

Durante ese encuentro se advirtió que el acceso oportuno a la información pública es una herramienta fundamental para comprender los riesgos del entorno, vigilar decisiones gubernamentales y fortalecer la participación ciudadana en temas que afectan directamente al territorio y a las comunidades.

Asimismo, se destacó la importancia de promover esquemas de transparencia proactiva que permitan a la ciudadanía conocer de manera clara y accesible información sobre proyectos públicos, decisiones gubernamentales y políticas que pueden tener impacto social y ambiental.

Próximos eventos

La serie “Diálogos por el Derecho a Saber” concluirá el próximo jueves 19 de marzo con el panel “Periodismo y Acceso a la Información; Retos y Oportunidades”, que se realizará a las 10:00 horas en el Auditorio del Jardín Botánico de Culiacán.

En este último encuentro participarán Jesús Bustamante, Adrián López, América Armenta y Scarlett Nordahl, quienes reflexionarán sobre el papel del periodismo en el uso del derecho de acceso a la información para la investigación pública y la rendición de cuentas.