COMUNICADO CONJUNTO: Inicia este jueves análisis del dictamen de una nueva Ley de Transparencia en Sinaloa, tras año y medio de gestiones para un proceso participativo

• Organizaciones de la sociedad civil y el Comité de Participación Ciudadana del Sistema Anticorrupción advierten que defenderán el derecho de acceso a la información y buscarán impedir nuevos retrocesos en materia de transparencia

Mazatlán, Sinaloa, 10 de junio de 2026.

Organizaciones de la sociedad civil y el Comité de Participación Ciudadana (CPC) del Sistema Estatal y Municipal Anticorrupción informaron que este jueves iniciará la revisión ciudadana del dictamen para una nueva Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública en Sinaloa.

Este proceso es resultado de los acuerdos alcanzados el pasado 8 de junio durante la primera mesa de trabajo técnica con el Congreso del Estado, en la que la Secretaria General del poder legislativo se comprometió a la entrega del dictamen a las organizaciones participantes para su revisión y observaciones.

En conferencia de prensa, las organizaciones recordaron que, tras la desaparición de los órganos autónomos de transparencia a nivel federal y estatal, aprobada por el Senado de la República el 28 de noviembre de 2024, han mantenido una postura firme para exigir que la armonización de la legislación estatal no implique más retrocesos en el derecho de acceso a la información pública.

Sibely Cañedo, en representación de Iniciativa Sinaloa, recordó que durante más de año y medio las organizaciones realizaron pronunciamientos públicos, conferencias de prensa y solicitudes formales para conocer el futuro de la transparencia en el estado y participar en la elaboración de la nueva ley. Sin embargo, dichas solicitudes para generar espacios de diálogo y parlamento abierto no fueron escuchadas.

A pesar de todas estas gestiones, sin previo aviso a la ciudadanía, el Congreso del Estado aprobó el 18 de diciembre de 2025 la reforma constitucional que desapareció a la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública (CEAIP) como organismo autónomo garante de este derecho humano. Posteriormente, el 16 de abril de este año comenzó el entonces gobernador Rubén Rocha Moya, hoy con licencia, presentó una iniciativa a la que diversas organizaciones han denominado “Ley Tapadera” por considerar que representa un retroceso en materia de transparencia y rendición de cuentas. Pero que, curiosamente, avanzó aceleradamente, ya que en cinco días contaba con la segunda lectura y se encontraba lista para su notificación. Pero las organizaciones, al darse a conocer esta iniciativa, pudieron revisarla y encontraron graves vacíos y omisiones.

Gustavo Rojo Navarro, director del Observatorio Ciudadano de Mazatlán, explicó que la iniciativa elimina cerca de 50 artículos respecto a la legislación vigente y reduce obligaciones de transparencia fundamentales.

Entre los cambios más preocupantes destacó la eliminación de la obligación de publicar comprobantes fiscales relacionados con el ejercicio del gasto público, información que podría quedar sujeta a reserva.

“De ahí empezamos a detectar ciertos patrones por los cuales les denominamos Ley Tapadera, primero porque siempre se nos negó; y segundo, empezamos a ver qué obligaciones quitaron, lo que más hemos visto que puede afectar es principalmente el tema de los comprobantes fiscales, que impiden conocer el ejercicio del gasto público”, detalló.

Las organizaciones también advirtieron que la propuesta elimina obligaciones relacionadas con la publicación de bitácoras de vuelo de servidores públicos, amplía los plazos de respuesta a solicitudes de información, incrementa las causales de reserva y deja de mencionar expresamente como sujetos obligados a municipios, universidades autónomas, partidos políticos y sindicatos.

Avances de la mesa de diálogo

Lucía Mimiaga León, presidenta del CPC del Sistema Anticorrupción de Sinaloa, reconoció que la presión social permitió abrir una ruta de diálogo con el Congreso del Estado.

Agregó que entre los acuerdos alcanzados con la presidenta de la Jucopo, la diputada María Teresa Guerra Ochoa, se encuentra la instalación de mesas de trabajo técnicas para revisar el dictamen artículo por artículo y presentar propuestas que fortalezcan la protección del derecho de acceso a la información.

Asimismo, se acordó que las organizaciones participantes, entre ellas la Red Ciudadana por la Integridad y Anticorrupción de  (RECIAS), la Red Ciudadana Anticorrupción del CPC y otros colectivos ciudadanos, podrán presentar observaciones y propuestas antes de que el documento sea sometido a discusión en la Comisión de Transparencia.

“Entonces va a haber oportunidad para revisar con lupa cada uno de los artículos y que vamos a poder hacer propuestas en este proyecto de dictamen, antes de que pase al análisis de la Comisión de Transparencia”, declaró Mimiaga León.

Otro de los acuerdos fue programar una nueva reunión de trabajo para el próximo 15 de junio a las 11:30 horas en el Congreso del Estado. Además, se solicitó que las sesiones sean transmitidas en vivo y que se elaboren minutas firmadas con los acuerdos, a fin de garantizar su cumplimiento.

Por su parte, Raquel Zapién Osuna, integrante del CPC y periodista mazatleca, destacó la importancia de que la nueva legislación contemple obligaciones de transparencia en materia ambiental.

Advirtió que este tema resulta especialmente relevante para Mazatlán, donde el acelerado crecimiento urbano e inmobiliario genera impactos directos sobre el territorio y los recursos naturales, por lo que la ciudadanía requiere información oportuna y accesible para conocer cómo se toman las decisiones públicas.

“La iniciativa del Ejecutivo no contempla obligaciones específicas de transparencia ambiental. Este es un tema importante para todo Sinaloa, pero particularmente para Mazatlán, donde el crecimiento urbano, las nuevas inversiones y el aumento poblacional están generando una fuerte presión sobre los recursos naturales. La ciudadanía debe tener acceso a la información sobre cómo se gestiona el territorio y cómo se toman las decisiones que impactan el medio ambiente”, expresó.

Las organizaciones hicieron un llamado a las diputadas y diputados del Congreso del Estado para que no aprueben una legislación que represente retrocesos en transparencia, sino que construyan una ley con participación ciudadana, técnicamente sólida y capaz de garantizar el derecho humano de acceso a la información pública.

Durante el encuentro con los medios, también estuvieron presentes los integrantes del CPC, Carlos Corrales y Emmanuel Espinoza Salcido, así como en la moderación la periodista Sheila Arias, coordinadora de alianzas del Observatorio Ciudadano de Mazatlán.

Finalmente, convocaron a medios de comunicación, organizaciones sociales, academia y ciudadanía en general a mantenerse atentos al proceso legislativo y exigir que la nueva ley preserve las herramientas necesarias para la vigilancia del poder público, la rendición de cuentas y el combate a la corrupción.

“No puede haber combate a la corrupción sin transparencia.”