Métrica de Riesgo de Conflicto, una herramienta que evalúa los impactos potenciales resultantes de la interacción entre peligros de conflicto, vulnerabilidad y exposición.
Columna escrita por el Comisionado Emmanuel Espinoza Salcido, publicada por la Revista Espejo el día 5 de noviembre del 2024.
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La transparencia es sin duda una de las mejores armas contra la corrupción. Cuando un gobierno es transparente sobre sus procesos y decisiones fomenta la confianza de la ciudadanía en sus acciones, y reduce la posibilidad de que se cometan actos de corrupción, ya que los funcionarios saben que sus acciones están bajo escrutinio.
Usualmente, cuando se habla de transparencia gubernamental, se le suele reducir a un tema contable, es decir, se enfoca en la rendición de cuentas y en el uso eficiente de recursos financieros en programas y obras públicas. Y tiene una razón, ya que a través de estas acciones se mueve mucho dinero que eventualmente podría ser desviado o usado de una manera indebida, diferente a la búsqueda de un bienestar público real; sin embargo, los actos de corrupción son mucho más variados que el desvío de recursos públicos monetarios.
Si consideramos la corrupción como el uso de recursos públicos por parte de funcionarios y autoridades para conseguir un beneficio personal o para un tercero, entonces tenemos que considerar realmente todos los activos con los que cuenta la sociedad y el gobierno más allá del dinero. Por ejemplo, los recursos materiales, todos aquellos bienes y servicios, como material de oficina, muebles, instalaciones, etcétera; y los recursos humanos, todos los empleados en diversas áreas del gobierno, desde administración hasta servicios sociales. El aprovechamiento indebido de estos activos puede ser incluso más evidente que el de los recursos financieros, ya que la población lo puede notar a simple vista.
Es importante destacar que existe un tercer tipo de recurso cuyo aprovechamiento puede ser un poco más disimulado, ya que su uso indebido no es fácilmente rastreable. Nos referimos a los recursos tecnológicos y de información.
El gobierno es un gran generador y recopilador de información. Cada trámite, proceso, acción o evento registrado por el gobierno genera datos, los cuales son de alguna forma registrados y almacenados en un sistema de información. Estos sistemas pueden ser rudimentarios, un simple almacén lleno de carpetas sin un orden aparente, o pueden ser muy avanzados, grandes sistemas de información digitalizada y ordenada en formatos de datos estructurados.
¿Cómo puede ser utilizada la información pública en actos de corrupción?
El uso de la información recabada por el gobierno en actos de corrupción puede darse de diferentes maneras, y depende del tipo de información de la que estemos hablando.
La información de gobierno se podría dividir en dos grandes categorías:
La información sensible y datos personales, como nombre, domicilio, teléfono particular y/o celular, correo electrónico de una persona o grupo, los detalles de las carpetas de investigación abiertas o datos de acceso a cuentas bancarias. Esta información puede ser utilizada para alterar evidencia clave, chantajear o robar a privados.
La información pública, que se refiere a los datos y documentos generados, recopilados y gestionados por las instituciones del gobierno en el ejercicio de sus funciones, excluyendo la información que se considera sensible y a los datos personales.
El uso indebido de la información pública también depende de su naturaleza. Por ejemplo, el acceso a información detallada de los proyectos de desarrollo urbano, cuando se da de manera privilegiada a unos cuantas inmobiliarias, empresas constructoras o especuladores de suelo, puede ser utilizada para realizar inversiones convenientes, como la compra de terrenos cercanos a una mega obra vial o a una zona urbana proyectada a ser renovada. Lo que genera una competencia desleal a otros entes privados sin acceso a esa información.
Tanto las obligaciones de transparencia como la protección de datos personales tienen como fundamento la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública (LGTAIP) a nivel nacional, y en el estado, por la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa; siendo los responsables de su cumplimiento el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información (INAI) y la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública de Sinaloa (CEAIP) respectivamente.
¿Cómo puede ayudar a combatir la corrupción, la transparencia de información?
La transparencia de información empodera a los ciudadanos para que participen activamente en la vigilancia de la gestión pública, promoviendo una cultura de responsabilidad y exigencia. La publicación de datos claros y accesibles permite que los ciudadanos, periodistas y organizaciones de la sociedad civil puedan monitorear las acciones del gobierno y detectar posibles irregularidades.
La disponibilidad de datos públicos detallados facilita la evaluación y realización de propuestas de políticas públicas por parte de los ciudadanos, lo que fomenta la colaboración entre el gobierno y la sociedad. Además, permite realizar análisis para revelar patrones inusuales en gastos, contratos o decisiones administrativas, lo que puede indicar corrupción.
En definitiva, cuando los datos son públicos, los funcionarios están más obligados a justificar sus decisiones y acciones, lo que disuade la corrupción al aumentar el riesgo de ser cuestionados.
¿Cómo se lleva a cabo una transparencia efectiva de la información pública?
Se puede generalizar una serie de pasos para implementar mecanismos de transparencia óptimos, a fin de que las autoridades y entes públicos puedan cumplir sus las obligaciones de transparencia de información, protección de información sensible y datos personales.
Primero, al tener un sistema de información y archivo moderno y bien ordenado, se puede clasificar adecuadamente qué información es realmente sensible y cuál puede ser abierta al público. De modo que la primera pueda ser resguardada adecuadamente para su aprovechamiento interno, y la segunda pueda ser abierta para su aprovechamiento público, privado y académico.
Lo segundo es crear plataformas de acceso a la información pública que contengan la información mínima estipulada en la Ley General de Transparencia. Para este motivo existe la Plataforma Nacional de Transparencia (PNT) la cual permite a la ciudadanía en general ingresar solicitudes de información y de datos personales de acceso, rectificación, cancelación, oposición o portabilidad (ARCOP), hacia los distintos sujetos obligados de los tres órdenes de gobierno, así como acceder a información pública estandarizada de los mismos.
A nivel estatal y municipal, cada dependencia está obligada a tener en su portal de internet un vínculo de acceso directo al sitio donde se encuentra su información pública. Lamentablemente muchas veces las dependencias carecen de estos vínculos, o incluso de portales de internet propios.
Un tercero, tomando una posición dinámica más allá de lo obligatorio, es la aplicación de mecanismos de Transparencia Proactiva y de Gobierno Abierto.
La transparencia proactiva es un enfoque que busca anticiparse a las necesidades de información de los ciudadanos, facilitando el acceso a datos y documentos relevantes sin que estos tengan que solicitarlos, a diferencia de la transparencia reactiva, que se limita a responder a peticiones específicas de información.
La difusión activa de información sobre temas específicos, la publicación de información en formato de datos abiertos y el desarrollo de plataformas de acceso a la información más intuitivas y de acceso universal, son algunas de las buenas prácticas de esta.
Por su parte, Gobierno Abierto es una práctica más avanzada. Es un enfoque de gestión pública que promueve la transparencia, la participación ciudadana y la colaboración entre el gobierno y la sociedad. Este modelo busca transformar la forma en que las instituciones gubernamentales interactúan con los ciudadanos, facilitando el acceso a la información y fomentando un diálogo activo. Se trata de generar una dinámica de gobernanza de datos públicos, donde diferentes entes de gobierno y sociedad se ponen de acuerdo sobre qué información y de qué modo se va a transparentar esta, de forma que sea de máximo aprovechamiento para todos.
Sinaloa cuenta con su Plan de Acción Local de Gobierno Abierto el cual tiene 3 compromisos (o temas), los cuales son:
Compromiso 1: Monitoreo de las investigaciones que pudieran derivar en casos de corrupción, y se encuentren en trámite de las autoridades responsables.
Compromiso 2: Monitoreo a la implementación de la Ley para Prevenir, Atender y Reparar Integralmente el Desplazamiento Forzado Interno.
Compromiso 3: Monitoreo del uso de plaguicidas clasificados como altamente peligrosos.
Cada uno de estos compromisos cuenta con su propio sitio de internet gestionado por la CEIAP.
¿Qué está haciendo el Comité de Participación Ciudadana del Sistema Estatal y Municipal Anticorrupción de Sinaloa en este tema?
El Programa de Implementación de la Política Estatal Anticorrupción de Sinaloa (PI-PEA), contempla 10 estrategias directamente relacionadas con la promoción de la transparencia gubernamental.
Estas estrategias contemplan de manera general la promoción de mecanismos de gobierno abierto y transparencia proactiva para fortalecer las acciones de combate a la corrupción de prevención, investigación, substanciación, determinación y resolución de faltas administrativas y delitos por hechos de corrupción.
Además, el CPC Sinaloa cuenta con la Agenda Anticorrupción con Enfoque de Desarrollo Sostenible, bajo la cual se realizan acciones para fomentar la transparencia como prevención de la corrupción en áreas relacionadas con la gestión de suelo y el medio ambiente; así como fortalecer y crear nuevos mecanismos de participación ciudadana para combatir la corrupción con enfoque territorial.
Por ello, el CPC Sinaloa a través del Sistema Estatal y Municipal Anticorrupción del Estado de Sinaloa (SEMAES) organizó el Foro Transparencia para el Desarrollo Sostenible en las ciudades de Culiacán y Mazatlán, a fin de posicionar a Sinaloa como el primer estado de México en contar con una agenda anticorrupción con este enfoque, y fomentar la transparencia proactiva en temas como usos de suelo, permisos de construcción, obra pública y programas de desarrollo ecológico, territorial y urbano. Como continuación, se han realizado diferentes reuniones de trabajo y presentado propuestas a diferentes entes encargados de estos temas a fin de generar plataformas proactivas de acceso a la información.
La Agenda Anticorrupción con Enfoque de Desarrollo Sostenible de Sinaloa fue expuesta en el Taller de Seguimiento a iniciativas estratégicas en el marco del Sistema Nacional Anticorrupción. En este encuentro se expusieron diferentes buenas prácticas de los Comités de Participación Ciudadana de todo el país y de las comisiones de la Red Nacional de CPC´s.
Además, se ha buscado socializar el tema de transparencia proactiva de datos con otros miembros del Sistema Estatal y Municipal Anticorrupción, como lo son la Secretaría de Transparencia y Rendición de Cuentas así como la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción.
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