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Comisión Ejecutiva aprobó Anteproyecto de Informe Anual y RNV

El Comité Coordinador del Sistema Anticorrupción analizará el documento el próximo 30 de mayo.

La Comisión Ejecutiva, integrada por cuatro integrantes del Comité de Participación Ciudadana (CPC) y la titular de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal y Municipal Anticorrupción de Sinaloa, aprobó el Anteproyecto del 6to. Informe Anual 2023-2024 del Comité Coordinador del Sistema, con observaciones, además de 7 propuestas de Recomendaciones No Vinculantes, elaboradas por el CPC.


La sesión se celebró el pasado 7 de mayo, después del análisis y discusión de los documentos, por parte de las comisionadas Raquel Zapién, Rosa Jacobo, Lucía Mimiaga y el comisionado Emmanuel Espinoza, junto con la Secretaria Técnica del Sistema, Rosa del Carmen Lizárraga.


El Informe y las Recomendaciones No Vinculantes (RNV) deberán ser analizadas, discutidas y en su caso aprobadas por parte del Comité Coordinador del Sistema Anticorrupción de Sinaloa*, en sesión ordinaria el próximo 30 de mayo de 2024.


Observaciones expuestas

En cuanto al balance entregado durante un año de trabajo, la Fiscalía Anticorrupción debe brindar mayor información a la ciudadanía, puesto que es una instancia esencial en el Sistema Anticorrupción, señaló Lucía Mimiaga; por lo que se ve necesario informar el avance en los casos emblemáticos que han sido denunciados, los cuales están siendo investigados y han tenido gran cobertura en medios de comunicación. Por ejemplo la Fiscalía puede informar además si hubo un incremento o decremento sobre su presupuesto, número de peritos, agentes con los que cuentan, pues falta mayor transparencia, declaró en la sesión.


Por otra parte, Rosa Jacobo propuso que es necesario incluir un resumen ejecutivo del Programa de Implementación de la Política Estatal Anticorrupción, sobre todo las propuestas de actividades a detalle realizadas por los miembros del Sistema.


Fernando Ruiz Rangel, Presidente del Sistema y del CPC, invitado a la sesión, indicó que a un año de distancia de contar con un Programa de Implementación de la Política Estatal, significa el primer producto como Sistema coordinado.


Raquel Zapien expresó que observó un informe carente de una visión sistémica de cada instancia por eso consideró de gran relevancia hacer énfasis lo que es, incluye y la responsabilidad de cada autoridad en el Programa de Implementación (PIPEA).


El integrante del CPC, Emmanuel Espinoza, sugirió que cada autoridad debe identificar las propuestas enmarcadas en la estrategia vinculada con la política anticorrupción para mejorar el análisis de los indicadores de desempeño.


Ante los diversos comentarios vertidos, la Secretaria técnica, Rosa del Carmen Lizárraga, consideró necesario estandarizar información para las instancias que conforman el Sistema y establecer lineamientos para la realización del informe, en lo cual se trabajará en un futuro, dijo; además informó que queda pendiente el diseño de criterios para subir evidencias del trabajo alineado al Programa de Implementación de la Política Estatal.


Recomendaciones

Como parte de sus facultades, los integrantes del CPC, presentaron propuestas de Recomendaciones No Vinculantes, dirigidas a diversas autoridades, las cuales fueron votadas en Comisión Ejecutiva y son las siguientes:



Por otro lado, la Comisión Ejecutiva también aprobó el anteproyecto de Informe de avances de Interconexión del Sistema Estatal de Información con la Plataforma Digital Nacional, así como el Anteproyecto del Reporte Semestral de Seguimiento a las Recomendaciones No Vinculantes del Comité Coordinador (noviembre 2023 a abril 2024).


Finalmente, la Secretaria Rosa del Carmen Lizárraga, mostró además un reporte semestral, como una medida de transparencia proactiva.


Puede ver la transmisión de la sesión en: https://fb.watch/s6bnaxkGLe


* El Comité Coordinador está integrado por las personas titulares de la Auditoría Superior del Estado, la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción, la Secretaría de Transparencia y Rendición de Cuentas, el Tribunal de Justicia Administrativa y una magistrada representante del Supremo Tribunal de Justicia del Estado; además de el Presidente del Comité de Participación Ciudadana y la Presidenta de la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública.

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