Columna escrita por el Comisionado Fernando Ruiz Rangel, publicada en la Revista Espejo el 3 de julio del 2024
Sinaloa avanza en el combate a la corrupción y prueba de ello es el resultado de las mediciones que año con año arroja el Índice de Estado de Derecho en México, reporte que mide desde una perspectiva ciudadana el grado de adhesión al Estado de Derecho en las 32 entidades del país, este Índice es uno de los instrumentos de medición más completo en esta materia.
El Índice mide 8 factores: límites al poder gubernamental, ausencia de corrupción, gobierno abierto, derechos fundamentales, orden y seguridad, cumplimiento regulatorio, justicia civil y justicia penal. Sinaloa ha logrado un avance considerable en esta medición. En los periodos 2018-2019 y 2019-2020 se situó en el onceavo lugar nacional; en 2020-2021 se posicionó en el décimo lugar; y, para los periodos 2021-2022 y 2022-2023 avanzó a la quinta posición entre las 32 entidades federativas.
Otro reporte es el que genera de manera trimestral el Sistema Nacional Anticorrupción, denominado “Informe sobre la situación de los Sistemas Estatales Anticorrupción”, el más reciente, de fecha 31 de marzo, indica que el sistema local anticorrupción de Sinaloa cuenta con capacidad operativa para un adecuado funcionamiento.
Estos y otros resultados son producto de la voluntad política y de la colaboración mostrada por las y los titulares de las instancias del Comité Coordinador y por la capacidad mostrada de los servidores públicos que las integran.
Utilizamos este espacio para informar las actividades que el Comité de Participación Ciudadana ha realizado en la implementación de la Política Estatal Anticorrupción y los retos que identificamos en el corto plazo.
Con respecto a las actividades realizadas por el Comité de Participación Ciudadana destacan las siguientes:
1. El CPC propuso actividades para 172 líneas de acción en temas como actualización de los Registros de Trámites y Servicios Estatal y Municipales; actualización de la normatividad que rige dichos trámites; identificación de riesgos de corrupción en entes públicos; desarrollar mecanismos de transparencia proactiva y gobierno abierto; fortalecer y promover mecanismos de participación ciudadana; entre otros
2. Se integró la Red Ciudadana Anticorrupción con la representación de organizaciones sociales y personas de todo el Estado que expresaron interés para participar en temas relacionados con el combate a la corrupción.
3. Se desahogó el proceso de Selección de la Terna de Aspirantes a ocupar la Secretaría Ejecutiva del SEMAES; proceso que cumplió con los principios de transparencia y máxima publicidad al difundirse ampliamente la convocatoria correspondiente y publicar todas y cada una de las etapas del proceso, incluida la deliberación de la que resultó la propuesta hecha al Órgano de Gobierno de la propia SESEA.
4. Hemos contribuido con el SNA en proyectos de alcance nacional, de los que destacan la Plataforma Digital Nacional y el Plan de Acción para Fortalecer los Procesos de Compras y Contrataciones Públicas en México.
5. En la tarea de vinculación con la sociedad civil hemos celebrado reuniones de trabajo con organizaciones, y personas de diversos municipios del Estado, para informar de las actividades que realizamos y para recabar sus propuestas.
6. Se organizó en coordinación con la Secretaría Ejecutiva del Sistema e instancias del Comité Coordinador un foro y taller denominado “Transparencia para el Desarrollo Sostenible, los días 14 y 15 del presente mes, con los objetivos de:
Fomentar la transparencia como mecanismo que favorece el desarrollo sostenible y prevención de la corrupción.
Impulsar la transparencia proactiva de diversas instancias gubernamentales para visualizar en mapas interactivos información relacionada al uso del suelo, con el fin de prevenir posibles actos de corrupción o faltas administrativas.
7. Se emitieron 7 Recomendaciones a distintos entes públicos estatales y municipales a propuesta del Comité de Participación Ciudadana a fin de impulsar:
La incorporación de vocales ciudadanos en los Comités de Obras del Poder Ejecutivo, Instituto Sinaloense de Infraestructura Física Educativa, así como de los municipios de Ahome, Angostura, Badiraguato, Choix, Concordia, Cosalá, El Fuerte, Escuinapa, Guasave, Mocorito, Rosario, San Ignacio y Sinaloa. Autor: Fernando Ruiz Rangel.
La debida integración de los OIC de los municipios de Badiraguato, Concordia, Cosalá, Rosario, Salvador Alvarado, San Ignacio y Sinaloa. Autor: Fernando Ruiz Rangel.
La generación o mejora de un micrositio estatal de transparencia de datos georreferenciados en el portal de datos abiertos. Autor: Emmanuel Espinoza.
Realización de auditorías de desempeño a las instancias que ejecutan presupuestos y acciones destinadas al mejoramiento en las condiciones de vida de las mujeres. Autora: Lucía Mimiaga.
Informar sobre resultados, objetivos, metas alcanzadas y efectos de las políticas a favor de las mujeres del Estado. Autora: Lucía Mimiaga.
Publicación de información relativa a las licencias de uso de suelo y construcción de Mazatlán, conforme a las Leyes de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Autora: Raquel Zapién.
Para la designación de titulares en los Órganos Internos de Control de Organismos Autónomos como la Fiscalía General del Estado, Ceaip y el Instituto de Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas. Autora: Rosa Jacobo.
Aunque se registran importantes avances de los que se da cuenta en este Sexto Informe, para el Comité de Participación Ciudadana los principales RETOS a los que se enfrenta el Sistema, destacan los siguientes:
Consolidar las acciones de fortalecimiento en los procesos de compras y contrataciones públicas, mediante una adecuada planeación del gasto, reducción de contrataciones por adjudicación directa, y aumento del uso de la tecnología en los procesos de contratación.
Lograr la incorporación de información en poder de las instituciones del Estado y los municipios a la Plataforma Digital Nacional, a fin de eliminar barreras en la información y que los datos públicos sean comparables, accesibles y utilizables para el combate a la corrupción.
Consolidar el trabajo coordinado que se ha venido realizando con los municipios, para que los cambios de administración no detengan la dinámica de trabajo que se sigue en la implementación de la Política Estatal Anticorrupción (PEA).
Avanzar en el trabajo legislativo. Aprovecho la oportunidad para dirigirme a las Diputadas y Diputados que nos acompañan para recordarles que este CPC ha presentado dos iniciativas en la presente legislatura, una de ellas propone reformar la Ley de Gobierno Municipal para incorporar procesos públicos y transparentes en la elección de los titulares de los OIC, así como para eliminar la duplicidad de funciones entre estos y las Sindicaturas de Procuración; la segunda propone aprobar la Ley para Incentivar la Denuncia de Faltas Administrativas y Hechos de Corrupción y Proteger a Denunciantes y Testigos.
El CPC hizo su parte poniendo a la consideración los asuntos. Corresponde a la legislatura promover los debates en torno a estos temas y agotar el proceso legislativo.
El Comité de Participación Ciudadana entra en una nueva etapa, toda vez que ha cursado por una renovación total de sus integrantes, Rosa Elvira Jacobo Lara, Lucía Irene Mimiaga León, Raquel Zapien Osuna y Emmanuel Espinoza Salcido, con nuevas visiones tienen frente a sí la tarea de consolidar la vinculación con las organizaciones sociales, académicas y empresariales, así como con personas interesadas en el tema, para ellos el mayor de los éxitos, especialmente para Rosa Elvira Jacobo Lara quien a partir del 4 de julio presidirá este órgano colegiado, al igual que el Comité Coordinador del Sistema Estatal y el Órgano de Gobierno de la Secretaría Ejecutiva.
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